Tribunal decide mañana si manda a prisión implicados en caso Los Tres Brazos

SANTO DOMINGO. Será este lunes cuando el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Alejandro Vargas, valorará los elementos de pruebas presentados por el Ministerio Público para decidir si manda a prisión a los once implicados en el caso de corrupción por la venta de terrenos del sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este.

Aunque ayer los once imputados fueron presentados ante el juez Vargas, la audiencia se aplazó debido a que el abogado de uno de los acusados no fue a la vista, mientras que otros solicitaron un plazo para conocer los detalles de la acusación que le hacen a sus clientes.

Los que se enfrentan a la justicia por este caso son la registradora nacional de Títulos, Rosabel Castillo; Leoncio Almánzar, quien es el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE); Juana Ynés Gómez Williams, principal accionista la Inmobiliaria GOWI; Domingo Geraldo Lebrón y Manuel Aybar, exgerente inmobiliario de CORDE.

Además de los agrimensores Ana Antonio Ozuna y Hadonis Ruiz Mella; los hermanos Carlos Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, principales accionistas de Infepa; Irving Cruz, exconsultor jurídico del CORDE y José de Pool Dominici, principal accionista de la empresa Titulatec.

Son imputados por la Procuraduría por los delitos de prevaricación, abuso de jurisdicción, falsedad y uso de documentos falsos, desfalco, estafa contra el Estado y asociación de malhechores, entre otros establecidos en el Código Penal.

Luego del aplazamiento, un grupo de comunitarios en Los Tres Brazos se manifestó frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva exigiendo que se haga justicia y haciendo un llamado al Gobierno para que le haga entrega de los títulos definitivos de sus terrenos.

“La tranquilidad que necesitamos es que nos entreguen nuestro título. Porque si eso lo donó un Gobierno otro no lo puede desbaratar. Y si el Gobierno da muchos títulos por donde quiera, por qué los de nosotros no nos los dan, que somos gente pobre”, dijo Ramón Pérez, un señor de 76 años que dice tener más de 30 viviendo en Los Tres Brazos.

En tanto que Milciades Geraldo, uno de los representantesa de los comunitarios, dijo que hay que “gestionar para que las personas que han pagado de buena fe, que se dejaron engañar, deben ser resarcidos. Les deben devolver su dinero y el Gobierno tienen que ser el garante fundamental de eso, primero porque fue una institución del Estado que regaló los terrenos de la comunidad”.