Seis imputados de Odebrecht van a juicio de fondo

Al Hecho. | El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, que conoció el caso por los 92 millones de dólares que la constructora Odebrecht admitió que pagó para la adjudicación de obras en el país, dictó auto de apertura a juicio luego de ponderar la acusación y la defensa de los encartados durante 43 días.

Ortega Polanco envió a fondo al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; a su supuesto testaferro el abogado Conrado Pittaluga; al senador Tommy Galán, por quien el caso se conoce en una jurisdicción especial; al expresidente del Senado y del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista.

También, al exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa), Roberto Rodríguez, y al empresario Ángel Rondón, representante comercial de Odebrecht en el país.

Asimismo, el magistrado dictó auto de no ha lugar a favor del expresidente del Senado, Jesús Vásquez (Chu), al indicar que en cuanto a los elementos de prueba ofertado por el Ministerio Público “resultan insuficiente para fundamentar la acusación en los términos previsto en el artículo 304 del Código Procesal Penal”.

De acuerdo al Código, el auto de no ha lugar concluye el procedimiento respecto al imputado en cuyo favor se dicte, e impide una nueva persecución penal por el mismo hecho. Esta resolución es apelable.

Asimismo, explica que al el envío a juicio de fondo, es decir, el auto a apertura a juicio no es susceptible de ningún recurso.

Los encartados son acusados de incurrir en los delitos de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, sancionados por la Ley No. 448-06 sobre Sobornos en el Comercio y la Inversión, el Código Penal Dominicano, la Ley No, 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico de Drogas y Sustancias Controladas, y la Ley No. 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

Sobre las delaciones premiadas

En sus motivaciones, el juez también se refirió a las delaciones premiadas, principal prueba del órgano acusador, la cual fue muy atacada por los imputados, quienes además solicitaron que no fueran admitidas como pruebas.

Ortega Polanco dijo que las muy críticas delaciones de los ejecutivos de la empresa son pruebas documentales validad ya que se ajustan a las excepciones de oralidad, establecidas en el Código y están basadas en el principio de libertad probatoria.

Admitió pruebas y ratificó media de coerción

Igualmente, el juez admitió para su presentación y discusión en el juicio del fondo de todas las pruebas materiales, documentales, testimoniales e ilustrativas ofertadas por el Ministerio Público y por los acusados como constan en los respectivos escritos de defensa y conclusiones.

Sin embargo, hizo excepción y no admitió la documentación relativa al préstamo entre la empresa Indoequipesa y el Meinl Bank (Antigua) LTD, cursadas en idioma distinto al español; del testimonio de Johanna Carolina Monagas Espinal, porque el Ministerio Público desistió de su incorporación; y de la comunicación de fecha 2 de marzo de 2018 emitida por la Junta Central Electoral, dirigida al Procurador General de la República, contentiva de varias actas de nacimiento.

También, el juez ratificó las medidas de coerción contra los imputados, como lo había solicitado el Ministerio Público, que consisten en presentación periódica e impedimento de salida del país, como las medidas de inmovilización de fondos dispuestas mediante las resoluciones números 001, 003, 006, 007, 0010, 0011, del 26 de mayo de 2017.

Las reacciones de los imputados

Dos de los seis imputados que enviaron a juicio de fondo calificaron como política la decisión tomada por el juez Ortega Polanco.

Bautista y Víctor Díaz Rúa indicaron al salir de la sala de audiencias, que el auto a apertura a juicio de su proceso penal corresponde a asuntos políticos.

Bautista dijo que Ortega Polanco en sus motivaciones no se refirió a las pruebas que le mostramos ahí, a “las mentiras del Ministerio Público y no tocó esas pruebas porque se veía obligado a hacer y un no ha lugar, por eso no lo tocó”.

“Lo único que hizo fue pegarle un sello gomígrafo a las mentiras del Ministerio Público”, expresó.

Asimismo, dijo que seguirá defendiendo su trabajo en la próxima etapa del proceso.

“Pero tenemos la dignidad suficiente para seguir defendiendo nuestra historia de lucha y de trabajo, esto no ha sido más que una politiquería más… Lamentablemente no podemos hablar de democracia si no hay justicia”, añadió el exlegislador.

De su lado, Díaz Rúa dijo que para él no fue una sorpresa ni una rareza que lo hayan enviado a juicio de fondo.

Al ser preguntado si hubo presión para que no fuera descargado de las acusaciones, indicó que no puede saberlo pero que “sin dudas justicia no es”.

“No es raro, a mí no me sorprende. Yyo sabía, ahora es increíble porque nosotros le demostramos totalmente mil cosas… un desastre”, manifestó.

“Yo pienso que es un tema político, sin dudas de justicia, no es”, señaló.

El empresario Ángel Rondón, representante comercial de la constructora Odebrecht, afirmó que siempre ha criticado que la sede del Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia estén en el mismo edificio. “O sea, eso siempre me ha chocado, y hablé con los abogados, pero algo más, yo no sé si ustedes notaron hoy lo que pasó, ¿por dónde salieron los fiscales?, salieron por donde mismo sale el juez, por la puerta que sale el juez, salieron los fiscales”, expresó Rondón.

Mientras que, Jesús Vásquez (Chu), expresidente del Senado, y el único de los siete imputados que fue favorecido con un no ha lugar, expresó que “nunca debió estar en eso”.

Igualmente, al que incluyeron de último en el expediente, informó que el próximo lunes convocará una rueda de prensa para plantear su posición.

Pittaluga no habló con los miembros de la prensa, pero uno de sus abogados, Santiago Rodríguez (Chago) dijo que la decisión del magistrado Ortega Polanco “explica claramente la razón que nosotros tuvimos cuando a ese juez lo recusamos tres veces”.

Procurador evaluará si apela a descargo de Chu

El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, indicó que evaluarán la decisión del juez de dictar no ha lugar para Chu Vásquez, para de esta forma disponer si corresponde apelar la decisión dentro del plazo que establece la ley.

Mediante un comunicado de prensa, enviado poco tiempo después de que el juez emitió su fallo, Rodríguez calificó como trascendental el envío a juicio de fondo de seis de los siete encartados.

Indicó que es el primer caso de corrupción de transcendencia internacional en el que se dicta auto de apertura a juicio contra la mayor parte de los procesados.

“En los últimos 20 años este es el caso de corrupción de mayor magnitud que se ha investigado en la República Dominicana por la cantidad de imputados, el nivel de influencia de los mismos y por los montos involucrados”, expresó.

El jefe del Ministerio Público dijo que el cuerpo de fiscales a cargo del caso está preparado para “demostrar de nuevo en esta nueva etapa del proceso la vinculación de cada uno de los procesados a los graves hechos de corrupción que se les imputan y lograr que sean sancionados como mandan las leyes”.

“Se trata de una decisión de envío a juicio correcta, justa y apegada de manera estricta a las leyes, las pruebas presentadas, y al debido proceso, adoptada contra exfuncionarios, legisladores, exlegisladores y empresarios, marcando un hecho sin precedentes en la historia judicial dominicana”, expresó.

Aseguró que en el país se está iniciando una “nueva era que responde a la demanda de la población en la lucha contra el grave flagelo de la corrupción y el trabajo serio y responsable del Ministerio Público”.

Dijo que la sentencia demuestra que la acusación presentada por el Ministerio Público “no era un mamotreto como alegaban los imputados, sino que es un expediente preparado de manera perfecta”. “Ellos trataron de desacreditar el proceso y quitarle validez a las confesiones de los empleados de Odebrecht”, añadió Rodríguez.

Afirma el MP está al servicio de la impunidad

El Movimiento Marcha Verde dijo ayer que el Ministerio Público (MP) está al servicio del mecanismo de corrupción e impunidad imperante en el Gobierno y el Estado dominicano.

Durante la realización de una vigilia frente a la Suprema Corte de Justicia antes de que se iniciara la audiencia donde emitieron el fallo dijeron que la acción de justicia se ha limitado exclusivamente a pocos casos de sobornos referidos “al rol del agente intermediario Ángel Rondón y su relación dolosa con funcionarios y dirigentes políticos pertenecientes a facciones disidentes del Gobierno del presidente Medina”. El colectivo manifestó que el país sigue pidiendo aplicación de real justicia en el caso Odebrecht, ya que aseguraron fue excluida del proceso de instrucción toda investigación relativa a las sobrevaluaciones de las obras construidas, la financiación de campañas electorales, entre otros puntos. Afirmó que la exjueza a Miriam Germán denunció que la manera en que el Ministerio Público ha construido los expedientes de los actuales imputados se presta a descargos o penalidades débiles en juicio de fondo, y que hay, por tanto, abundantes razones para descalificar los procedimientos empleados.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a participar en la Gran Marcha Verde del Cibao, convocada para el domingo 14 de julio, en Santiago.