México y la encrucijada de los 100 asesinatos diarios

Al Hecho. | México llega a fin de año con los pies atrapados en los eventos violentos de octubre y noviembre. Este domingo mismo, varios enfrentamientos entre policías y presuntos delincuentes en Coahuila, en el norte del país, dejaron 21 muertos, cuatro de ellos agentes estatales. Es solo el último episodio de este bimestre negro, que cuenta sus semanas por matanzas, emboscadas y asesinatos múltiples.

Este domingo, al celebrar el primer año de Gobierno, López Obrador festejó lo que considera un «cambio de paradigma» en la política de seguridad. El presidente aseguró que la violencia que padece el país se originó el 2 de febrero de 2007, cuando el presidente Felipe Calderón (2006-2012), en un evento en el Estado de Michoacán, ordenó al Ejército salir de los cuarteles para enfrentar a los cárteles. «El alto mando militar le decía a los oficiales: ‘acábenlos y nosotros nos encargamos de los derechos humanos’. La mejor prueba es que ese sexenio ostenta la mayor letalidad en combate desde la Revolución», dijo el mandatario. Y citó las cifras de los 1.800 enfrentamientos registrados entre 2010 y 2011, que dejaron 231 heridos pero cerca de 2.500 muertos. «Esa absurda y desquiciada estrategia no se repetirá jamás», anunció el presidente desde el Zócalo capitalino.

Antes de asumir la presidencia, a finales de 2018, López Obrador anunció que su plan para atajar la violencia apuntaría por un lado a las causas, la corrupción, la falta de oportunidades y calidad en la educación y el empleo y el acceso a la salud. Por otro lado, explicó, su Administración reformularía la guerra al narcotráfico de Calderón. Con los programas sociales, dijo López Obrador, enfrentaría las causas. Ante el fracaso de los Gobiernos anteriores en materia de seguridad, añadió, su plan era crear una nueva corporación: la Guardia Nacional.

El nuevo cuerpo sustituiría así a la Policía Federal, con el apoyo de las policías militar y naval. Su advenimiento generó una ola de críticas de organizaciones de la sociedad civil, que veían en ese proyecto una militarización encubierta de la seguridad pública. Pese a las críticas, López Obrador impuso su criterio y el Congreso aprobó la creación de la Guardia. Alejada de las corruptelas de la Policía Federal, la Guardia Nacional desplegaría decenas de miles de agentes por todo México y la violencia caería. Esa era al menos la idea. En seis meses, aseguró el presidente, los resultados se notarían.

Un año más tarde, la situación es sin embargo igual o peor. Los programas sociales de López Obrador funcionan desde hace meses, igual que la Guardia Nacional, pero los resultados no llegan. Y lo que es más preocupante, el aparato de seguridad demuestra una falta de coordinación alarmante. Las críticas al secretario de seguridad, Alfonso Durazo, han sido durísimas y continuas estos meses, sobre todo desde los enfrentamientos de Culiacán, cuando un grupo de élite del Ejército trató de atrapar a Ovidio Guzmán, al parecer sin avisar a sus superiores. Y luego también a partir de la matanza de tres mujeres y seis niños de la comunidad mormona Langford-LeBarón en noviembre, entre Sonora y Chihuahua.

Para el historiador Froylán Enciso, «lo que mostró Culiacán y después LeBarón es que Durazo es un mediador entre diferentes grupos de administradores de la política de seguridad, que tienen diferentes niveles de resistencia al cambio y diferentes posiciones políticas. O sea, no hay un grupo unificado llevando a cabo política de seguridad, hay una coalición de muchos personajes».

El analista Alejandro Hope añade: «Hay un desbalance entre las facultades que la ley le da a Durazo y el poder que ejerce. Porque en términos reales no manda prácticamente nada. Y luego, yo creo que él no quiere estar ahí. Justo lo que pasó en Culiacán habla de la debilidad relativa de Durazo».

La sensación de frustración en materia de seguridad es quizá una de las más dolorosas para el Gobierno. Antes de asumir la presidencia, López Obrador organizó foros por todo el país para escuchar a las víctimas. Tomó por bandera dos temas —dos dramas— la investigación del ataque contra los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la crisis de los desaparecidos. Y ni siquiera en estos dos asuntos puede presumir de demasiados éxitos. La académica Dawn Paley, autora de Capitalismo Antidrogas, ha seguido muy de cerca los pasos de la nueva Comisión Nacional de Búsqueda, órgano gestor de los esfuerzos del Ejecutivo para luchar contra la desaparición de personas. «Yo siento que estamos experimentando una continuidad en materia de seguridad respecto a lo que se estaba haciendo en los años anteriores. El discurso ha cambiado, hay un intento de decir ‘ya no vamos a hacer lo mismo’, pero en los hechos vemos una continuación. Las tasas de homicidio son iguales o más altas; en materia de desaparición, no le están dando centralidad a las víctimas, no están poniendo los recursos que muchos pensaban que iban a estar ahí».

Doctor en historia y experto en la evolución del narcotráfico en México, Enciso dice, «el primer año de Gobierno deja como saldo en términos generales muy buenas ideas, que llevábamos décadas empujando: enfocarse más a las causas, abandonar la estrategia de descabezamiento de las organizaciones criminales. Sin embargo, hay un problema doble: ir a las causas tiene efectos en el largo plazo, no tiene efectos inmediatos. Y por otro lado, ha habido problemas para la implementación de los programas sociales, que no han funcionado como estrategia preventiva de manera clara».

Qué es el crimen

Más que un problema transitorio, la violencia homicida representa el catálogo de males estructurales de México y las soluciones erradas de varios Gobiernos. De 2007 a la fecha, la tasa de asesinatos anual ha aumentado de manera sostenida, excepto en el trienio 2012-2014, los últimos años del Gobierno de Felipe Calderón y los primeros de su sucesor, Enrique Peña Nieto. Hope, funcionario de la agencia de inteligencia del Estado con Calderón, recuerda que aquel periodo coincidió con cierta tranquilidad en Ciudad Juárez y Monterrey. «Lo que me agobia ahora son nuestros problemas para entender todo esto, queremos aplicar lógicas nacionales a dinámicas hiperlocales. Se han estabilizado los homicidios a un nivel muy alto y por otro lado desconocemos por qué pasa lo que pasa».

Durante mucho tiempo se ha explicado la violencia en el país como una guerra de tres, por un lado entre grupos criminales y por otro de esos grupos con el Estado; como una guerra de bandos claros, sin matices ni impurezas. La realidad ha mostrado sin embargo que el crimen ha infiltrado las corporaciones policiales, militares y de procuración de justicia. Eso cuando no han sido agentes de las propias corporaciones los que han organizado al mundo criminal. Dice Paley: «El crimen organizado está sobredimensionado en México. Esa idea de que el crimen tiene más fuerza que el Ejército es una fantasía. El Ejército, la Marina, la Policía Federal han recibido miles de millones de dólares en armamento estos años. La columna vertebral del despliegue de la violencia viene de las fuerzas estatales, de la federal, el Ejército y la Marina. Lo que sí podemos decir con certeza es que estos elementos criminales siguen en las calles —ahora como Guardia Nacional— y ese es el problema principal».

Enciso añade: «La brecha entre la representación del crimen y la realidad es algo de lo que se ha hablado mucho. Lo que vemos ahorita es que cada vez estamos más conscientes de que los narcos en realidad son ninis o halcones. O sea, que los que matan son nuestros vecinos, no son seres míticos, son hijos de gente, tienen familia, necesidades… En el último año hemos asistido a un proceso de autoconciencia en ese sentido. Se ha desmitificado al criminal».

Conocidos los matices, el problema es que la violencia sigue ahí fuera. La aparente cadena de apatías y deslealtades dentro del aparato de seguridad no solo evita descifrar a ciencia cierta qué ocurre en México, dificulta encontrar soluciones. La presión es enorme, más aún después del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de incluir a los «carteles mexicanos» en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado. Durazo y otros funcionarios del Gobierno mexicano han rechazado la idea, por intervencionista. Pero es curioso el hecho de que la amenaza de Trump apunte justo al problema que señalan los expertos consultados: qué es el crimen ahora y contra qué exactamente se está luchando. Si finalmente Trump se decide, ¿qué carteles van a meter en la lista? Y si los carteles que meten en la lista han sido señalados o investigados por trabajar con alguna corporación policial o militar, ¿qué hará el Gobierno de EE UU?