Crisis desata deserción y hambre entre militares venezolanos

CARACAS (AP) | Al ingresar hace dos años y medio a la Guardia Nacional de Venezuela, un joven sargento confiaba en que su vida daría un giro que le permitiría dejar atrás la pobreza sin imaginar que terminaría renunciando y dedicándose a cambiar neumáticos para reunir los ingresos que le permitieran alimentar a su familia.

En este país petrolero, ni siquiera las fuerzas armadas han logrado escapar a la crisis económica.

Agobiado por las dificultades de mantener a su esposa embarazada y a su hijo de dos años, al delgado sargento de 21 años —que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para declarar— no le quedó más que sumarse a los miles de militares que abrumados por la crisis han desertado o solicitado su baja para buscar un empleo más rentable o migrar a otros países como lo han hecho más de dos millones de venezolanos.

Los rigores de la crisis también han golpeado el núcleo de los cuarteles donde se ha reducido la dieta diaria de los uniformados, situación que obliga a muchos a llevar su propia vianda para desayunar o almorzar, o a extender sus permisos de salida para alimentarse en casa.

En algunas regiones, como la isla caribeña de Margarita, ya es común ver a jóvenes militares famélicos que visten uniformes verde oliva y caminan armados con fusiles, pero al amanecer van al mercado municipal de Conejeros, como muchos mendigos, a pedir a los comerciantes que les regalen verduras y frutas para poder comer.

“No sé cómo hacen mis demás compañeros para vivir, pero si no salgo de esto me moriré de hambre”, afirmó decepcionado el sargento al reconocer que su ingreso de unos dos dólares mensuales ya no le alcanza para alimentar a su familia ni para pagar el alquiler del apartamento donde reside en la ciudad central de Valencia.

Además, el joven militar admitió que al igual que el resto de la población se ha visto golpeado por la hiperinflación, que alcanzó en abril una tasa anualizada de 13.776% según cálculos de congresistas opositores, y que llevó el año pasado a que seis de cada diez venezolanos perdieran once kilogramos de peso en medio de una oleada de pobreza que ya toca a 87% de la población, de acuerdo con un estudio de las tres principales universidades del país.

Por ello, para completar sus ingresos, el sargento de estatura baja y tez blanca tuvo que buscar un empleo en un taller de reparación de neumáticos donde suele cambiar llantas en sus días de descanso.

“Lo que ganó allí es más del doble de lo que recibo en la Guardia Nacional”, dijo antes de asegurar que cuando deje de lleno su puesto en la Guardia se dedicará sólo a cambiar neumáticos para mantener a su familia.

En medio de la proliferación de informaciones en los medios locales sobre de las detenciones de algunos altos oficiales descontentos y de denuncias sobre la crisis que golpea a los cuarteles, apareció a mediados de marzo el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, en un acto en Fuerte Tiuna, el mayor de la capital, para anunciar la activación de un plan especial para atender a militares ante las dificultades económicas.

Durante el acto, Padrino López denunció la existencia de “intentos de división” en la fuerza armada pero descartó que pueda darse un golpe de Estado en Venezuela. “A la fuerza armada nacional bolivariana no la divide nadie”, sentenció.

Las acciones del alto mando por tratar de paliar el impacto de la crisis entre los uniformados resultan insuficientes ante los rigores de la crisis que golpea a Venezuela, reconocieron algunos militares y sus familiares.

Sentada en un sofá en medio de la sala de un modesto apartamento de ventanas pequeñas que son utilizadas para colgar uniformes militares, Odalys Bermúdez, esposa de un sargento de la Guardia Nacional, admite con resignación que tiene que hacer “milagros” para mantener a sus cuatro hijos de cinco, seis, diez y doce años debido a que el sueldo de su pareja no alcanza para vivir.

La delgada ama de casa de 30 años indicó que para cubrir la alimentación y parte de los gastos de su familia debe pedir dinero prestado y vender helados y galletas en los alrededores de su edificio, ubicado a un lado de uno de los principales batallones militares de la ciudad central de Maracay.

Parte de lo que se consume en los hogares militares provienen del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), que vende productos subsidiados, pero la mayoría de los alimentos los deben adquirir en los comercios privados a precios casi inalcanzables para los bolsillos de los uniformados, dijo la mujer.

Hasta la década pasada, los uniformados podían alimentarse sin dificultades en los cuarteles, pero la situación cambió debido a que las raciones y la calidad de los alimentos han mermado de manera drástica, según indicaron varios militares a la AP.

“Es dramática la situación social dentro de la fuerza armada”, afirmó Rocío San Miguel, presidenta de la organización local Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, al reconocer que los militares venezolanos son los “peores pagados de Latinoamérica” con salarios mensuales que rondan entre dos dólares en los rangos más bajos y once o doce para generales y almirantes. En contraste, los sueldos mensuales de países como México van desde 300 dólares en los grados bajos hasta 6.000 dólares en los superiores, y en Colombia desde los 75 dólares en los rangos inferiores hasta los 4.700 dólares en los superiores.

Ante el contexto de hiperinflación y de fuerte escasez de numerosos bienes que enfrenta Venezuela, San Miguel indicó que los miliares también se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad.

Las dificultades económicas y sociales que padecen los miembros de las fuerzas armadas han desatado en los últimos meses retiros masivos y deserciones que se estiman en varios miles, afirmó Hernán Castillo, especialista en temas militares y académico de la Universidad Simón Bolívar. Según explicó, esto afecta la operatividad del grupo debido a que muchos cargos quedan vacantes o son asumidos por militares con menor experiencia.

Las fuerzas armadas venezolanas están integradas por unos 150.000 uniformados, según estimaciones de analistas. En el país sudamericano miles de militares suelen desplegarse en las calles para planes especiales de combate a la delincuencia y represión de las protestas callejeras, así como para vigilar centros electorales.

Al ser consultado sobre los miles de pedidos de baja y deserciones y el impacto que eso genera en la operatividad del Ejército, el jefe del Comando Estratégico Operacional de las fuerzas armadas, almirante Remigio Ceballos, declaró tajante a The Associated Press: “para nada, eso es mentira”.

Los retiros y deserciones comenzaron a multiplicarse a raíz de las violentas protestas antigubernamentales del año pasado en las que los militares jugaron un papel fundamental para garantizar la permanencia en el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien buscará la reelección en los comicios del próximo 20 de mayo.

La fuerte represión de las protestas que dejaron al menos 120 muertos y varios centenares de heridos, la proliferación de los casos de militares implicados en casos de robos, contrabando, asesinatos y tráficos de drogas, así como la politización de la fuerza armada, ha exacerbado el malestar dentro de los cuarteles, reconocieron los analistas.

Si bien es frecuente ver a Maduro en actos públicos acompañado del alto mando militar en una muestra del sólido respaldo a su gobierno, el abogado Alonso Medina Roa, fundador de la organización Foro Penal Venezolano que representa algunos militares detenidos, afirmó que hay “muchos integrantes” del Ejército que no están de acuerdo con la manera en la que el mandatario conduce el país. Medina Roa indicó que el descontento no sólo se expresa en las renuncias y deserciones, sino también en reuniones privadas que han sostenido algunos oficiales y que las autoridades han catalogado como “actos de conspiración”.

Medios locales y organizaciones dedicadas al estudio del crimen organizado reportaron en 2017 la detención de cerca de medio centenar de militares presuntamente implicados en hechos delictivos. En lo que va de este año han sido apresados al menos 90 altos oficiales y personal de tropa profesional por participar en supuestos complots contra el gobierno, precisó el abogado que tiene a su cargo la defensa de algunos de los detenidos.

La difícil situación económica que enfrenta la tropa y oficiales medios contrasta con la posición de poder que mantienen algunos altos oficiales que controlan casi la mitad de los 32 ministerios y otros organismos estatales, el principal programa estatal de abastecimiento de alimentos y la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), corazón económico del país. Algunos medios han difundido reportes sobre altos oficiales que viven en exclusivas urbanizaciones de Caracas y ostentan una vida de lujos que no coincide con sus ingresos.

Atrás quedó el recuerdo de mejores años, en pleno auge de la revolución chavista a inicios de siglo, en que todos los militares eran identificados como un grupo privilegiado a los que el gobierno les daba, además de importantes cargos en diferentes ministerios y empresas estatales, viviendas, vehículos y electrodomésticos con condiciones especiales de financiamiento.

Al preguntarle al joven sargento si ha recibido alguno de esos beneficios, el uniformado soltó una carcajada y señaló con ironía hacia sus desgastadas botas negras: el único recurso que tiene para transportarse al trabajo.

Vía | (AP) Fabiola Sánchez