Colectivizar el transporte en el país

Colectivizar el transporte en el país

Junto a la concertación y ejecución de los pactos eléctrico, educativo y fiscal, la colectivización del transporte público representa las iniciativas de mayor trascendencia que deben promover el Gobierno y el sector privado para fomentar crecimiento, desarrollo y gobernanza.

Es por eso que se concede gran importancia al encuentro sostenido el viernes por el presidente Danilo Medina con empresarios del transporte de pasajeros que operan y controlan todas las rutas urbanas e interurbanas del Gran Santo Domingo y de casi todos los municipios.

En esa reunión, el mandatario y los transportistas pasaron revista a la catastrófica situación del transporte público y se presentaron alternativas de saneamiento, que las autoridades afirman que se aplicarían gradualmente, como la de excluir del servicio a los vehículos chatarras.

El caos prevaleciente en el sistema de transporte ocasiona cuantiosa pérdidas al presupuesto familiar y a la economía global por su carestía, deficiencia e incomodidad, lo que obliga a tanta gente agenciarse con mucho sacrificio algún tipo de vehículo para trasladarse a su destino.

Lo que se reclama es que esta vez no se dispendie el dinero público en el financiamiento de soluciones inviables que solo sirven para beneficiar a grupos de seudos sindicalistas que amasan enormes fortunas en el control del caos y la anarquía.

La ley manda a colectivizar el transporte público y a convertirlo en un servicio eficiente y asequible a todos los ciudadanos, por lo que en las negociaciones entre Gobierno y empresarios del sector no caben las componendas, extorsión, chantaje o favoritismo.

El Gobierno no puede ni debe auspiciar formas de monopolio u oligopolio en la gestión del transporte de pasajeros, una actividad que debe estar abierta a la iniciativa privada, partiendo del criterio de que las rutas de autobuses son propiedad del Estado y no de ningún particular.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant) tiene la obligación de auspiciar y proteger el bien común en todo lo relacionado con la implementación del nuevo sistema de transporte de pasajeros, que no debe quedar bajo control o disfrute pleno de los mentados dueños del país.

Vía | El nacional