Al menos cinco manifestantes mueren en duros choques con las fuerzas de seguridad en Bolivia

Al Hecho. | La convulsión en Bolivia no ha remitido con la renuncia de Evo Morales y la toma de posesión de un Gobierno interino. Las protestas generadas por el vuelco en los equilibrios políticos del país dejaron este viernes al menos a cinco manifestantes muertos y más de 20 heridos en una localidad cercana a la ciudad de Cochabamba, según ha informado el Defensor del Pueblo. Los choques con las fuerzas de seguridad y los militares se produjeron en medio de una gran movilización de cocaleros fieles al expresidente. También en La Paz se registraron violentos disturbios.

Los fallecidos de este viernes elevan a 18 el número de víctimas mortales en las protestas que se iniciaron tras las elecciones del 20 de octubre. Los heridos son casi 550 y los detenidos, 44. La violencia continúa. En La Paz miles de personas, sobre todo representantes indígenas del municipio de El Alto y miembros de la milicia de los ponchos rojos marcharon hasta la plaza de San Francisco, en el centro de la ciudad, donde se enfrentaron a los uniformados.

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, lleva asegurando desde que asumió el cargo, el pasado martes, que su misión es “pacificar” el país y convocar elecciones a la mayor brevedad. De momento, no ha logrado ninguno de esos objetivos. El Gobierno lo atribuye a los desmanes de grupos de violentos y vándalos. Pero la realidad es que la tensión no se ha contenido. Morales, desde México donde se encuentra asilado, arremetió contra la actuación de las fuerzas de seguridad. «El régimen golpista que tomó el poder por asalto en mi querida Bolivia, reprime con balas de las Fuerzas Armadas y la Policía al pueblo que reclama pacificación», lanzó desde las redes sociales.

Áñez le había advertido horas antes que tiene cuentas pendientes con la justicia y que si vuelve al país tendrá que responder por ellas. En una comparecencia ante la prensa internacional, la exsenadora, que asumió el cargo el pasado martes sin el apoyo mayoritario del Parlamento, reiteró que la meta de su Gobierno provisional consiste en convocar elecciones “justas y transparentes”, pero evitó aclarar cuándo se celebrarán. Ni siquiera fijó un horizonte, aunque la Constitución le da tres meses para determinar una fecha.

La presidenta provisional aseguró que, durante esta transición no habrá persecución de adversarios políticos. No obstante, dejó claro que el expresidente tendrá que asumir sus responsabilidades si decide regresar al país. “Ahora resulta que ya están demandando que venga cuando nadie lo echó del país. Él se fue solo, […] él sabe que todavía tiene cuentas pendientes con la justicia boliviana”, afirmó. “Si el presidente Morales vuelve, que vuelva, pero él sabe que también tiene que responder con la justicia. Resulta que nosotros lo que vamos a exigir es que la justicia boliviana haga su trabajo, no que haga una persecución política que es lo que hemos venido sufriendo durante 14 años, judicialización de la política y politización de la justicia”, agregó. El expresidente había asegurado en una entrevista con EL PAÍS realizada en México que está dispuesto a volver y renunciar a ser candidato con tal de pacificar Bolivia.