Un magistrado del Supremo venezolano pide protección en Estados Unidos

Al Hecho. | Christian Zerpa, magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ha huido a los Estados Unidos. Declaró que está en desacuerdo con los elementos jurídicos y políticos que soportan la nueva toma de posesión de Nicolás Maduro, el 10 de enero, y ha pedido protección al Gobierno estadounidense, desde el supuesto de que se apresta a colaborar con las autoridades de este país.

Activista político, Zerpa fue diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) entre 2010 y 2015. Entre otras cosas, ahora mantiene que fue incorporado al máximo tribunal del país promovido por Cilia Flores, abogada y esposa de Maduro, bajo el supuesto de que se trataría de una ficha leal a los intereses del chavismo. “En Venezuela no hay ninguna independencia de poderes. Las decisiones más importantes del estado se toman en Miraflores y los demás las acatan”, afirmó. Dijo además que otros funcionarios y magistrados del tribunal tienen una inconformidad similar con la toma de posesión de Maduro y la marcha del país, y que no hablan por temor a represalias.

Aunque desconocido por el grueso de la población, Zerpa ha estado directamente vinculado a las decisiones judiciales más intrincadas y polémicas producidas por el Estado bolivariano en estos años, todas de enorme impacto político, destinadas a consolidar su presencia en el poder independientemente de la opinión de los ciudadanos.

Como miembro de la Sala Electoral del TSJ, Zerpa fue el juez que aceptó la demanda del diputado Héctor Rodríguez, del PSUV, en la cual se planteaba la hipótesis de una compra de votos en el Estado Amazonas en favor de los diputados opositores. Estos parlamentarios de Amazonas eran los que le daban a la oposición la mayoría absoluta del hemiciclo y el control del poder legislativo.

La resolución judicial inició un forcejeo entre el tribunal y el nuevo Parlamento, que desencadenó, poco después, una confusa sentencia en la cual se acusa al poder legislativo de estar “en desacato”, con lo cual jamás ha podido legislar ni ejercer sus funciones. Tres años después, la Sala Electoral todavía no se ha pronunciado sobre las denuncias de Héctor Rodríguez.

Zerpa fue, además, uno de los célebres “magistrados exprés”, nombrados apuradamente en diciembre de 2015 por los diputados y jerarcas chavistas pertenecientes a la anterior composición de la Asamblea Nacional, con el objeto de completar las vacantes de algunos jueces del tribunal que tenían su período vencido, facultad que se disponía a ejercer la nueva Asamblea. Se procuraba asegurar por completo el control político del TSJ.

Aquella maniobra se gestó muy poco después de la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias. Al nuevo Parlamento le tocaba, por derecho propio, iniciar las consultas para nombrar a los nuevos jueces del Tribunal Supremo de Justicia. Mientras los diputados opositores electos aguardaban la respuesta chavista en torno a la necesidad de organizar una comisión de enlace entre la directiva legislativa saliente y la entrante, la dirigencia bolivariana nombró a los nuevos magistrados en una sesión el filo de la medianoche de las navidades de aquel año, dejando atada de manos a la nueva Asamblea Nacional.

El nombramiento de Zerpa, como el de otros magistrados que militan en el partido de Gobierno, fue recusado por algunos dirigentes opositores, quienes en su momento le objetaron su compromiso político con el chavismo y su condición de exdiputado y militante del PSUV, con lo cual se estaban contraviniendo principios constitucionales elementales. Entonces, la Sala Electoral emitió un fallo denegando aquella demanda, interpuesta por José Luis Cartaya.

El ahora exmagistrado hizo también consideraciones sobre el posible paradero del general Gustavo González López, exdirector general del Sebin, Servicio Bolivariano de Inteligencia, uno de los hombres de Maduro, quien fue destituido de su cargo hace unos dos meses tras un confuso episodio, y que ha desaparecido por completo del debate público. Aunque funcionarios del Gobierno han informado que a González López se le iban a encomendar nuevas responsabilidades, por entonces circularon rumores en torno a una posible detención y no se ha sabido más nada de él. “González López está desaparecido desde octubre y nadie sabe si está vivo o muerto. Yo considero que el Gobierno tendría que dar una fe de vida (…) hay sospechas de que fue asesinado”, dijo Zerpa.

Poco después de la noticia sobre la fuga de Zerpa, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, emitió un comunicado en el cual se afirma que la evasión de Zerpa obedece a una investigación que adelantaran en la institución por acoso sexual y conducta impropia. Moreno consideró el proceder de Zerpa como “aberrante”.