IDAC y la Junta de Aviación Civil pidieron a las autoridades investigar a PAWA Dominicana por lavado de activos

SANTO DOMINGO.  | Al 30 de diciembre de 2017 la suspendida aerolínea PAWA Dominicana acumulaba una deuda que se calculaba en unos US$38,131,848, que comprendía a acreedores nacionales y extranjeros que iban desde oficinas aeroportuarias en el exterior, hoteles, aseguradoras, compañías de teléfonos, de electricidad y de taxi, hasta un laboratorio clínico. El monto hoy pudiera ser mayor.

El detalle está en una resolución emitida el pasado 12 de marzo por el Tribunal de Reestructuración y Liquidación de Primera Instancia del Distrito Nacional en la que se designa al abogado José Enrique Pérez como conciliador para que procure un acuerdo con los acreedores de la sociedad Pan Am World Airways Dominicana (PAWA Dominicana).

La empresa solicitó en febrero acogerse a una reestructuración con base en la Ley 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes.

De los saldos más altos pendientes de pago detallados en la resolución figuran US$2,431,864.02 a Seguros Sura, US$1,994,358.99 a IATA Geneva (en Suiza), US$1,264,358.38 a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI y US$1,110,628.02 a World Fuel Services (Miami). Diario Libre intentó verificar cómo va la reestructuración, pero el conciliador alegó una discreción que manda la ley.

La denuncia

Sobre PAWA Dominicana y el presidente de su Consejo de Administración, Simeón Rafael García Rodríguez, pesa una denuncia en la que se solicita que se investigue un alegado abuso de confianza y presunción de lavado de activos, presentada por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Junta de Aviación Civil (JAC). Sostienen que los denunciados se apropiaron de recursos de vocación pública y los ocultaron, transfirieron, administraron o usaron en su provecho.

Por ley al IDAC debe liquidársele quincenalmente las tasas y derechos de la actividad aeronáutica colectadas por el operador aéreo, pero –sostiene la denuncia– PAWA las empezó a distraer desde marzo de 2017 hasta que fue suspendido su Certificado de Autorización Económica, el 26 de enero de 2018. Y el acumulado hasta el 30 de enero, más otros servicios, ascendía a US$1,820,669.35 más RD$72,742.50. Se llegó a un acuerdo de pago que se incumplió.

Julio Cury, representante legal del IDAC y la JAC, dijo que la denuncia se entregó al procurador Jean Alain Rodríguez. Se depositó el 22 de marzo y el 26 de abril la Procuraduría informó que la envió a la Fiscalía de Santo Domingo para establecer su veracidad y las medidas de lugar.

Cury precisó que lo presentado no es una querella. “Nosotros no teníamos los suficientes elementos de prueba como para poder presentar la querella”, dijo.

El abogado Alberto Reyes, del equipo que representa a PAWA en la reestructuración mercantil, recordó que “desde el día uno” le expresaron al Gobierno su oposición firme a “la forma abrupta en que se hizo el cese de las operaciones”. “De no haber ocurrido así la situación hubiese sido muy distinta”, aseguró.

Por la suspensión de PAWA, se afectó a 18,724 pasajeros que compraron boletos desde el 20 de octubre de 2017 hasta el 25 de enero de 2018. Muchos quedaron varados en el aeropuerto y el Gobierno tuvo que gestionar su traslado.

Para el tiempo en que la aerolínea fue suspendida, se informó que en Venezuela se suspendió por 90 días el Certificado de Explotador del Servicio de Transporte Aéreo de Santa Bárbara Airlines –de la que García Rodríguez es socio– por no cumplir con el itinerario.

Otra suspensión se emitió para Aserca Airlines –también vinculada al empresario– por cuestiones relacionadas con su póliza de seguro.

El nombre Simeón Rafael García Rodríguez aparece en la base de datos de inversiones en paraísos fiscales filtrada al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). El empresario se conecta como oficial, desde 1986 y 1998, de tres entidades registradas en Aruba: Air Aruba N.V., Assa Capital Services N.V. y Assaca Investments N.V.

Otras empresas

El 26 de marzo pasado representantes de E & M International Consulting embargaron las oficinas de PAWA en el Distrito Nacional por una alegada deuda de empresas prestadoras de servicios a la aerolínea: Tuqui Tuqui Dominicana, Clipper Aviation S.A. y Constructora Saicorp SRL. De E & M International Consulting se alegó que no podían dar detalles de su accionar. Sin embargo, el abogado Reyes informó que hay un proceso abierto contra esa confiscación por considerarse ilegal.

En el registro mercantil en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo de los negocios embargados, los tres tienen a García Rodríguez como socio. Tuqui Tuqui Dominicana se describe como una empresa de servicios de operaciones aeronáuticas. Además de García Rodríguez, entre sus socios y gerentes están los venezolanos José Javier Simeón García Rovira y Víctor Antonio Casado Salicetti. La compañía tiene una notificación de oposición a los traspasos de cuotas sociales a requerimiento de E & M International Consulting por una deuda de US$201,641.22.

La Constructora Saicorp SRL tiene como objeto la construcción de proyectos habitacionales. Como socios registra a Tuqui Tuqui Dominicana y a García Rodríguez, quien además es su gerente junto con Casado Salicetti.

Clipper Aviation Service, S.A., dedicada a servicios para la aviación, tiene a García Rodríguez como accionista y presidente, y a García Rovira como accionista. Esta compañía aparece como accionista mayoritario en el registro mercantil de PAWA Dominicana.

García Rodríguez –que está fuera del país– es un venezolano a quien el presidente Danilo Medina, con el decreto 5-16, le otorgó la nacionalidad dominicana, a título de naturalización privilegiada. Esta la concede el mandatario a extranjeros que, a su juicio, “sean merecedores de la dispensa de los requisitos” ordinarios, “por haber prestado servicios eminentes a la República” o “sobresalientes” a la humanidad. Puede revocarse si el favorecido comete “actos de infidelidad, desafección, deslealtad, ingratitud o indignidad” contra el país, “sus dirigentes, dignatarios o instituciones”. No hay registro de que se le haya retirado.

“(García) es un individuo reincidente en prácticas non sanctas”, afirmó el abogado Cury. “La primera curiosidad que a mí me asalta es cómo se le emitió el certificado a PAWA siendo controlada por un hombre con correrías delictivas como esas, porque eso era el preludio de lo que terminó siendo”.

Las presunciones

En el Aeropuerto Internacional de Las Américas están los aviones de PAWA –fabricados a principios de los 80–, de los que, por falta de mantenimiento, solo funciona uno.

“Hay muchas cosas que uno percibe, pero que uno no quiere todavía decirlas porque no tenemos todavía la certeza, pero todo indica de que fue algo dirigido, de que fue una quiebra inducida, fraudulenta”, afirmó el presidente de la JAC, Luis Camilo.

En la denuncia se supone que “al apropiarse de recursos con vocación pública y ocultarlos, transferirlos, administrarlos o utilizarlos en su propio provecho, los denunciados habrían incurrido en lavado de activos, sancionado con penas de 10 a 20 años”.

“Una cosa es lo que se alegue y otra cosa lo que exista, son cosas totalmente diferentes”, defendió el abogado Reyes. “No estamos hablando de un salón de belleza, sino de una empresa que está regulada, que le responde en todo lo que hace a las dos organismos del Estado y todas las operaciones de una compañía regulada están asentadas y tienen su registro”.

En el aspecto que atañe a abuso de confianza, el presidente de la JAC explicó que se alega porque “cogieron el dinero de pagarnos a nosotros para cubrir otros gastos”. Citó entre esos gastos combustibles, oficinas y exceso de empleomanía.