noviembre, 2024
Piñera afirma que no habrá impunidad para la violencia ni en los abusos durante las protestas en Chile
Al Hecho. | En un nuevo discurso nocturno desde La Moneda, el Palacio de Gobierno chileno, el presidente Sebastián Piñera se dirigió a sus compatriotas para valorar el acuerdo al que llegaron el viernes de madrugada casi la totalidad de las fuerzas políticas del país: un plebiscito para definir el futuro de la Constitución de 1980, programado para abril próximo. “Si la ciudadanía así lo decide, avanzaremos hacia una Constitución, la primera elaborada en plena democracia y aceptada y respetada por todos”, señaló el mandatario acerca del esfuerzo conjunto tanto del Gobierno como de buena parte de la oposición parlamentaria por reestablecer el orden público y encauzar el estallido social, que este lunes cumple un mes. “Será el gran marco que dé unidad, legitimidad y estabilidad a nuestra democracia y convivencia ciudadana y nos permita procesar y resolver las legítimas diferencias que surjan en nuestra sociedad”, indicó Piñera, que dejó pasar casi tres días para referirse al hito de mayor importancia de la historia reciente de Chile.
El presidente Piñera se refirió este domingo, además, sobre las acusaciones de violaciones a los derechos humanos contra las Fuerzas Armadas y de Orden en este mes de protestas, donde se ha combinado la masiva manifestación pacífica con la acción de violentos que han dejado destrozos que solo en la infraestructura pública se calculan en 4.500 millones de dólares. Es una de las mayores complejidades que enfrenta su Gobierno hace semanas. “En algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos”, reconoció el presidente sobre la acción policial. “Quiero expresar mi solidaridad y condolencias con las víctimas de esta violencia, con los que sufrieron lesiones, y muy especialmente, con los familiares de aquellos que perdieron su vida”, agregó en referencia a las 23 personas que han fallecido desde que estalló la crisis el pasado 18 de octubre.
“No habrá impunidad y nuestro Gobierno hará todos los esfuerzos para asistir a las víctimas en su recuperación y para que la Fiscalía y la Justicia cumplan su misión de investigar y hacer justicia”, se comprometió Piñera.
Carabineros, la institución en Chile encargada de controlar el orden público y la seguridad, enfrenta un delicado escenario: en esta crisis ha quedado en evidencia las deficiencias en sus protocolos y la necesidad de modernización. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha informado de 217 personas con heridas oculares por perdigones. Como ni la protesta ni la violencia se ha extinguido con el acuerdo político por una nueva Constitución, el viernes por la noche se produjo un nuevo incidente en Plaza Baquedano, el epicentro de las concentraciones en la capital chilena. En hechos que están siendo investigados, un joven falleció por un ataque cardíaco mientras se manifestaba. Según denunció el Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU), el equipo médico que le brindaba auxilios recibió disparos de perdigones y bombas lacrimógenas de Carabineros en medio del operativo para salvarle la vida.
Pero junto con adelantar que el próximo acuerdo de su Gobierno estará enfocado en las pensiones, el presidente dio cuenta de los difíciles últimos días que ha enfrentado la democracia chilena. “El desenlace final de estas cuatro semanas aún no está escrito”, reconoció el presidente. “Depende de nosotros construir y recorrer los caminos que conduzcan a nuestro país a un buen puerto”.
El martes pasado, en Chile se vivieron horas delicadas. Luego de una jornada de paro nacional promovido por la Mesa de Unidad Social –compuesta por unas 200 organizaciones sindicales, de derechos humanos, medioambientales, pueblos originarios, entre otras–, las concentraciones derivaron en una de las más graves jornadas de violencia desde el estallido de hace un mes. Junto con saqueos al comercio y ataques contra edificios residenciales, sedes de partidos políticos y hasta sedes diplomáticas –esa noche hubo al menos 30 incendios en todo el país–hubo intentos de asaltos a cuarteles policiales. Al menos 20, según la información oficial del Ministerio del Interior, la mayoría en la capital.
En ese contexto, el presidente evaluó si regresar a los militares a la calle para intentar recuperar el orden público, lo que habría interrumpido los diálogos políticos entre el Gobierno y la oposición en el Parlamento, que en medio de la crisis ha posibilitado acuerdos en materias fundamentales como la reforma tributaria. Pero el presidente –en las horas de mayor complejidad desde el retorno a la democracia en 1990– decidió finalmente por hacer un llamamiento transversal a la paz. En las horas siguientes, su petición fue recogida por la mayoría del espectro político. Luego de 48 horas de intensas negociaciones en el Congreso, se llegó al histórico acuerdo de llamar a plebiscito en abril para decidir si los ciudadanos quieren cambiar la carta fundamental 1980. Como parece evidente que se optará por sustituirla –ocho de cada 10 buscan cambiarla, según las encuestas–, los chilenos definirían en paralelo el mecanismo para su reemplazo: si una “convención constitucional” con miembros completamente nuevos que funcione en paralelo al Congreso con funciones constituyentes o una “convención mixta” compuesta por un 50% de parlamentarios y otro 50% de delegados.
El acuerdo político por el plebiscito para cambiar la Constitución en Chile no calma a los sectores radicales. Para este lunes está convocada una nueva concentración al cumplirse un mes desde el estallido y la Mesa de Unidad Social –que rechaza los términos en que se negoció el camino constituyente– hizo nuevos llamamientos a jornadas de protestas y una nueva huelga general. Este domingo, una de las principales líderes del Frente Amplio de izquierda, Beatriz Sánchez, fue insultada en el centro de Santiago por grupos de manifestantes que le recriminaron el apoyo de buena parte de su conglomerado al acuerdo por una nueva Constitución, que consideran insuficiente.
