Kauan, asesinado a los 12 años en un Río con récord de muertos a manos de la policía

Al Hecho. | Era un fin de semana más para Kauan Peixoto en casa de su padre, a quien visitaba cada 15 días en la favela de Chatuba (región metropolitana de Río de Janeiro). La noche del sábado 16 de marzo, el muchacho, de 12 años, salió de casa para comprar algo de comer. Estaba con su hermanastro pequeño cuando apareció un coche patrulla con policías militares. El más pequeño, asustado, echó a correr. Kauan, no. «Mi hijo dijo ‘no he hecho nada, no soy un ladrón’. Y se quedó apoyado en la pared», cuenta la madre del crío, Luciana Pimenta. Horas más tarde, los médicos le dieron la noticia de que su hijo había fallecido tras recibir tres tiros.

La Policía Militar de Río afirma que Kauan fue alcanzado por varios disparos cuando los agentes «sufrieron un ataque por parte de unos delincuentes, lo que provocó un enfrentamiento sin heridos ni muertos» —a excepción del menor—.Cuando le avisaron de que Kauan había sido herido de bala y los policías se lo habían llevado, Pimenta pensó que habría ocurrido lo que sostiene la versión policial: que había sido alcanzado por una bala perdida. «Pero una bala perdida es solo un tiro. No tres». La mañana siguiente, la mujer corrió hasta Chatuba para informarse y examinar el lugar donde abordaron a su hijo. «Había unas 20 personas en el bar, y lo vieron todo. Todas cuentan lo mismo: en cuanto se apoyó en la pared, le pegaron un tiro en la barriga. Él decía ‘no soy un ladrón, vivo aquí’. Pero le dispararon en la pierna, lo arrastraron y esposaron y lo lanzaron al furgón», añade la madre. Otro pariente, que habló bajo condición de anonimato para la televisora Globo en Río, apostilla: «Lo tomaron de las bermudas y lo arrojaron al [Chevrolet] Blazer. Los demás policías estaban recogiendo todos los casquillos. No dejaron ni uno. No hubo ningún tiroteo».

Pimenta dice que los médicos le informaron de que su hijo recibió tres disparos, de los que uno de ellos dejó «el cuello de Kauan abierto». El lunes, cuando vestía al niño para el entierro, la progenitora hizo una foto —enviada a EL PAÍS— que muestra, también, una enorme herida en la mejilla del niño. La mujer también fotografío el lugar de los hechos, lleno de sangre, donde Kauan estaba cuando se lo llevaron los policías, y no encontró ningún casquillo de bala.

La Policía Militar de Río afirma que sus agentes llevaron a Kauan al coche patrulla, pero con la intención de socorrerle. Según la corporación, «en la retaguardia del enfrentamiento, fue encontrado en el suelo una víctima por disparos de arma de fuego. El adolescente fue socorrido y trasladado al Hospital General de Nova Iguaçu. Los delincuentes huyeron tomando un rumbo desconocido», dice un portavoz del cuerpo a EL PAÍS. El caso está siendo investigando y seis policías militares ya han declarado, según la Policía Civil.

Récord de muertes a manos de policías

El resultado de la autopsia practicada a Kauan, que podría ayudar a aclarar la distancia a la que se efectuaron los disparos que acabaron con la vida del pequeño, aún no se conoce. Pero de confirmarse las declaraciones de la madre y de los testigos contra la policía, no será algo excepcional en Río. El Estado brasileño está gobernado desde enero por Wilson Witzel (PSC, Partido Social Cristiano), un político que ganó las elecciones en 2018 con la promesa de dar carta blanca a los policías y defendiendo que los delincuentes armados con fusiles deberían morir de un tiro «en la cabecita».

Enero y febrero han sido especialmente violentos en Río. También se ha batido un nuevo récord de muertes cometidas por agentes. El Instituto de Seguridad Pública (ISP), vinculado al Gobierno del Estado, calcula 160 muertes «por intervención de agentes del Estado» solo en el primer mes del año, frente a las 157 del año pasado (+2%). En febrero se contabilizaron otras 145 personas muertos en esas circunstancias, 43 más que en el mismo periodo de 2018 (+42%). De media, en los dos primeros meses del año se registraron 5,1 muertes diarias provocadas por agentes.

Las cifras de Río, elevadas incluso para los estándares de un país en el que los diferentes cuerpos policiales matan a unas 5.000 personas al año. Ese número, sin embargo no incluye los casos de ejecuciones extrajudiciales que aún están bajo investigación, categoría en la que, posiblemente, acabe quedando enmarcado el de Kauan. Otros dos casos ponen de relieve la escalada de la violencia policial, sobre la que tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch ya se han manifestado. En la favela de Manguinhos, los vecinos han denunciado seis muertes —cuatro el año pasado y dos este año— y acusan a francotiradores de disparar desde una torre de la Policía Civil. La corporación dice que está investigando el caso. Por otro lado, durante una acción policial efecutada a inicios de febrero en las favelas Coroa, Fallet-Fogueteiro y dos Prazeres, al menos 15 personas fueron ejecutadas después de ser torturadas durante varios minutos dentro de sus casas, según indican las imágenes tomadas tras la operación y los relatos de los testigos. La Policía Militar afirma, una vez más, que se produjo en un enfrentamiento con traficantes de droga. El caso también está siendo investigado.

Después de esa última operación, la que tuvo el mayor número de muertos desde 2007, Witzel compareció junto al secretario de ese cuerpo policial para respaldar «una acción legítima de la policía para luchar contra los narcoterroristas». Días después, aseguró que «cualquier actuación de la Policía Militar ante cualquier discusión es legítima». Y reafirmó su promesa de campaña de que los delincuentes armados sean abatidos: «Si tiene una arma de guerra en la mano, un fusil, una granada o una pistola, la policía va a actuar con rigor y esos terroristas seguirán siendo abatidos. Si no quiere morir, suelta el arma y se entrega». En otras palabras: el gobernador reiteró su «licencia para matar», al menos, en el caso de los delincuentes armados.

Los registros oficiales reflejan una escalada violenta desde el año pasado, cuando Brasil cedió al Ejército el control de Río para afrontar la crisis de inseguridad. El año 2018 registró 1.534 muertes causadas por «intervención de agentes de Estado», afirma el ISP. O lo que es lo mismo: 4,2 muertes diarias causadas por policías, un récord desde que se empezó a registrar este índice, en 1998. «Estos datos indican el fracaso de la política de seguridad pública. Una política que produce más letalidades no está siendo eficiente. Si lo fuera, seríamos la ciudad más pacífica del mundo, porque hace mucho tiempo que somos la policía más violenta», opina el coronel de la reserva de la Policía Militar de Río de Janeiro, Robson Rodrigues, ex jefe del Estado Mayor de la corporación.

Rodrigues considera que la retórica del gobernador es «grave» e «irresponsable», lo que puede «tener un reflejo en los extremos». No obstante, cita otros factores que estimulan a que los policías actúen de forma abusiva. «Ese discurso está penetrando en toda la sociedad. Si, por ejemplo, tuviésemos una reacción más contundente del Ministerio Fiscal, también sería un factor de inhibición».

Respaldo de Bolsonaro

En la esfera federal, el programa de seguridad pública de Wilson Witzel cuenta con el respaldo del presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro (PSL, Partido Social Liberal), que resultó elegido con el mismo enfoque de línea dura. El proyecto anticrimen enviado por ministro de Justicia Sergio Moro al Congreso prevé que un policía pueda quedarse sin castigo siempre y cuando actúe bajo «un excusable miedo, sorpresa o violenta emoción». Los especialistas han interpretado esta medida como una autorización expresa para matar, algo que Moro rebate. En un artículo publicado el domingo pasado en el diario Folha de S. Paulo, dice que no hay «ninguna ‘licencia para matar’ para los policías, sino simplemente la descripción de situaciones de legítima defensa ya admitidas en la práctica, como la actuación policial para prevenir una agresión a un rehén». Además, prosigue, «regulan mejor la cuestión del exceso en la legítima defensa, reconociendo que quien reacciona a una agresión injusta puede excederse (…)».

El coronel Rodrigues cree que el paquete de medidas de Moro peca por omitir cuestiones importantes, como el combate a las milicias y la modernización de las policías. Asimismo, el coronel de la reserva opina una policía moderna es, entre otros factores, aquella que no desacredita a la víctima ni a la sociedad. «Si la familia está diciendo determinada cosa, tenemos que escucharla. Si la Policía tiene una orientación de distanciamiento y de descrédito, eso se refleja en los extremos».